En la tercera jornada del juicio del caso Montecarlo han comenzado a declarar los testigos propuestos por la Fiscalía. Han sido declaraciones un tanto farragosas, tediosas, de carácter técnico, en las que se ha cuestionado de manera insistente sobre los procedimientos administrativos.

Al tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, le preguntó la Fiscalía por el pleno de noviembre de 2011 en el que se reconoció extrajudicialmente el pago de multitud de facturas, entre las que estaban las facturas irregulares de la empresa Inelcon, que son el objeto principal de esta pieza.

Señaló que hubo presiones y explicó la discusión respecto al listado elaborado por Intervención. “No estaba claro si eran todas las facturas que había”. Pidió garantías, que se certificara si eran todas las que había pendientes o no para estar seguro de que no se adelantaba el pago a unas facturas más nuevas frente a las más antiguas. “Me pedían que informara sin comprobar el orden de antigüedad”, señaló.

Hubo hasta “cuatro o cinco listados diferentes”. El primero se lo remitió de manera informal el entonces concejal de hacienda, José Montelongo, y el tesorero informó de las deficiencias observadas insistiendo en pedir esas garantías.

Se produjo entonces una reunión “muy violenta”, “muy desagradable, con chillidos”, como la calificó Cabrera Panasco. En esa reunión participó el alcalde Cándido Reguera, la concejal de recursos humanos, Nayra Callero y Montelongo. “Yo me sentí decepcionado, era una posición común contra mi posición”, declaró. Dijo que fue “un bloqueo” porque él necesitaba esa certificación y ellos “insistían en que no”. Sostenía que el informe sobre las facturas de reconocimiento extrajudicial debía ser muy exhaustivo precisamente porque antes no había habido control sobre esas facturas.

En 2012 hubo un segundo pleno de reconocimiento extrajudicial de deudas donde se incluyeron facturas de 2010, por lo que se evidenció que en el listado no estaban todas las facturas pendientes. El tesorero dijo que colaboró con la Fiscalía en este procedimiento pero que estuvo después imputado durante cinco años.

Por otra parte, señaló que no se le indicó a qué empresas tenía que adelantar el pago, pero que se trataba de “facturas en el cajón” que no habían seguido el procedimiento correcto. El argumento para esas “presiones tremendas del concejal de hacienda” fue que había unos plazos que cumplir para incluir esas facturas. También señaló que “todas las órdenes de pago estaban firmadas por el interventor”.

Preguntado sobre otros asuntos, señaló que la firma del concejal no sería necesaria en una factura, pero que tanto esa como la del técnico significan que la obra o el servicio se ha prestado, pero no solo que se ha prestado sino que se ha prestado en función de las condiciones en que se contrató. Y que si no hay contrato, el técnico debe motivar si se ajusta al precio de mercado o no.