El Gobierno de Canarias inspeccionará 78 estaciones de servicio de todo el archipiélago para analizar el comportamiento del mercado de combustibles y determinar las causas de las disfunciones detectadas en los informes elaborados por encargo de la Dirección General de Comercio y Consumo.

Así lo anunció este martes el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien señaló que la medida busca recabar información sobre la formación de precios en el sector.

Según los estudios analizados por el Gobierno, cuando el precio internacional del petróleo aumenta, la subida se traslada al surtidor en un plazo de entre 48 y 72 horas, mientras que las bajadas tardan entre 10 y 13 días en reflejarse parcialmente en los precios que pagan los consumidores.

El informe también concluye que existe una elevada concentración del mercado, ya que cuatro enseñas controlan el 76,7 % de la red de estaciones de servicio de Canarias, mientras que la presencia de operadores independientes es reducida.

La campaña inspectora consistirá en requerimientos formales de documentación a los operadores seleccionados para conocer su política de precios durante el periodo analizado y determinar si las diferencias observadas responden a dinámicas de mercado o a otras circunstancias.

Las actuaciones serán realizadas por el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo y los resultados se remitirán posteriormente al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Viceconsejería de Economía.

Tras analizar la información recopilada, este órgano podrá archivar las actuaciones o tramitar un expediente sancionador que, una vez instruido, será elevado al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su resolución.

Domínguez afirmó que el Ejecutivo actuará si de la investigación se desprende la existencia de conductas irregulares o abusivas y defendió que la medida responde al objetivo de proteger a consumidores, autónomos y empresas en un ámbito que afecta al coste de la vida, la movilidad y la competitividad económica de Canarias.