La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado posibles irregularidades en el operativo desplegado en Tenerife con motivo de la llegada del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras la muerte de un agente de 63 años que sufrió un infarto durante el servicio.

La organización ha reclamado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil abra una investigación para determinar si las funciones asignadas al agente vulneraban la normativa vigente y si la situación pudo haberse evitado “con una planificación adecuada”.

Según AUGC, el guardia civil fallecido, identificado como Berto Ruano, se encontraba en situación de reserva y ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife.

La asociación señala que el agente inició su jornada el pasado domingo a las 6.00 horas desplazándose desde Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de Granadilla de Abona y que, más de catorce horas después, continuaba en el dispositivo realizando labores de traslado de material y otras funciones operativas.

AUGC sostiene que esas tareas podrían resultar incompatibles con las funciones previstas para el personal en situación de reserva fuera de especialidad, reguladas en una instrucción firmada el 26 de enero de 2026 por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La asociación cita que dicha instrucción limita las funciones de ese personal a tareas de formación, gestión administrativa, representación institucional, asesoramiento al mando y seguridad estática en instalaciones, evitando “la exposición a riesgos contra su integridad física, ya sea por exposición directa a situaciones que puedan derivar en conflicto o por la realización de tareas que requieran un esfuerzo físico intenso”.

“Integrar a este agente en el puesto avanzado del operativo del Hondius, exponiéndole al contacto con materiales potencialmente contaminados y a una jornada extenuante de más de catorce horas, supone una presunta vulneración directa de esa instrucción”, afirma AUGC.

La organización añade que, en función de las conclusiones de la investigación, no descarta acudir a la Fiscalía “para depurar todas las responsabilidades que pudieran derivarse”.

AUGC también critica la planificación del dispositivo desplegado en el puerto de Granadilla y asegura que la llegada del MV Hondius “no fue una emergencia imprevisible”, ya que se conocía “con suficiente antelación”.

Según la asociación, efectivos de la USECIC de Tenerife vieron limitados sus descansos y realizaron jornadas prolongadas “sin guardias de localización”, mientras que agentes desplazados desde Gran Canaria habrían adelantado gastos de alojamiento y manutención pendientes de abono.

La organización acusa además a la institución de “improvisar cuando debe planificar” y sostiene que “cuando la gestión falla, la factura la pagan los agentes”.

AUGC sostiene que el agente, de 63 años y en situación de reserva, realizó funciones “presuntamente” incompatibles con su situación administrativa durante una jornada de más de 14 horas

AUGC reprocha igualmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no mencionara al agente fallecido en un acto celebrado ese mismo día en la Academia de Baeza.

La asociación insiste en reclamar que la edad sea considerada un factor de riesgo laboral dentro de la Guardia Civil.

“La muerte de Berto Ruano no es un accidente. Es la consecuencia previsible de un modelo que ignora sistemáticamente las condiciones reales de sus agentes”, sostiene AUGC en su comunicado.

La organización considera que las cargas de servicio deben adaptarse a la edad y al estado físico de cada agente y reclama cambios en la planificación operativa y en la prevención de riesgos laborales dentro del cuerpo.