La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, María Salud Gil, ha criticado este martes la "gestión caótica" de la obra pública en Canarias, sobre todo en la administración local, que es la que mayor volumen concentra.

Con motivo de la asamblea que ha celebrado la AECP, Gil ha indicado que, pese a los más de 1.000 millones de euros que se licitaron en obra pública en 2025 en las islas, un 65 por ciento más que en 2024, siguen aumentando las obras desiertas, el pasado año por valor de 200 millones de euros, ha apuntado.

Según Gil, se están licitando las obras por debajo del precio del mercado "a conciencia".

Gil ha insistido en que se emplean "triquiñuelas legales" para licitar las obras a empresas estatales, a las que sí se paga a precio de mercado, y que esta práctica puede incurrir en "conducta delictiva" y supone "competencia desleal y la confiscación de la iniciativa privada".

Además, ha señalado que las administraciones tardan dos años en firmar para proceder a llevar a cabo las obras licitadas, pero sin revisar los precios.

Esta situación se arrastra desde 2021, según la presidenta de la AECP, que ha asegurado que las empresas del sector tratan de mantener estructuras y plantillas, pero "no pueden seguir así".

Gil se ha referido también al problema de la emergencia habitacional y ha considerado que el mayor inconveniente para que se puedan construir viviendas se encuentra en el Gobierno de España por no haber aprobado Presupuestos Generales del Estado desde hace casi cuatro años y por la cantidad asignada a Canarias.

El Gobierno central ha aprobado un plan de vivienda que requiere de una inversión de 7.000 millones de euros, pero no hay presupuestos estatales, ha referido.

Además, ha recalcado que de esos 7.000 millones corresponden 371 a Canarias, cuando en las islas se precisan 450 millones de euros al año porque el déficit existente es de 140.000 viviendas hasta 2039.

Ha reconocido el "esfuerzo brutal" del Ejecutivo canario para posibilitar un nuevo marco normativo más ágil para favorecer la construcción de viviendas en el archipiélago, pero, a su juicio, ha de ser "exigente con la administración del Estado" para que se dote de financiación a las islas y llevar a cabo ese plan, que, a su juicio, "no está mal".

Gil se ha referido también al problema de mano de obra y al proceso de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno del Estado, ya que migrantes formados a través de la Fundación Laboral que llevan dos años en el país están teniendo problemas para poder regularizarse, una cuestión que confía que resuelva la Delegación del Gobierno en Canarias ante el "caos administrativo" que se ha producido.

Por otra parte, Gil ha dicho que en la asamblea se va a abordar el plan estratégico que se está elaborando junto a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias para crear un "tejido productivo industrial" ligado a la construcción para no depender tanto del exterior, para ser "más eficientes y abaratar" los precios de la vivienda.