El Tribunal de Cuentas ha archivado de forma provisional el 'caso mascarillas' por el que se investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por el pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no fueron entregadas en plena pandemia de coronavirus.

El decreto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe interponer recurso de reposición, procede de un escrito presentado por la Audiencia de Canarias en el que se advertía de presuntas irregularidades en un contrato de emergencia suscrito con la sociedad RR7 United.

En el acta de liquidación provisional -fecha 14 de diciembre de 2022- se reconocía el daño a las arcas públicas pero al mismo tiempo, constaba como acreditado que se había iniciado, por parte del Servicio Canario de Salud, el procedimiento tendente a la recuperación del dinero por medio de la providencia de la Agencia Tributaria Canaria de 12 de noviembre de 2022 al no haber sido realizado el reintegro en periodo voluntario.

El Ministerio Fiscal, por medio de escrito de 26 de enero de 2023, solicitó la incoación del juicio contable y su inmediata suspensión en tanto no concluyera el procedimiento iniciado por la administración canaria para el cobro de la deuda y desde el SCS se solicitó en febrero el archivo de las actuaciones.

Ahora, el Tribunal de Cuentas se basa base al artículo 179.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "el curso del procedimiento se podrá suspender de conformidad con lo que se establece en el apartado 4 del artículo 19 de la presente ley, y se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes".

Así, "si transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, nadie pidiere, en los cinco días siguientes, la reanudación del proceso, el Letrado de la Administración de Justicia acordará archivar provisionalmente los autos y permanecerán en tal situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia".
En este caso, al no pedirlo ninguna de las partes, se acuerda el "archivo provisional de los autos los cuales habrán de permanecer en dicha situación en tanto las partes no soliciten su reanudación o se produzca la caducidad de la instancia".

Entre los investigados se encuentran, entre otros, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

La causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.