Los propietarios del Islote del Francés, los herederos de Jaime Cortezo y la familia Alonso Lamberti, tienen dos opciones tras la confirmación de la zona de servidumbre de protección de 100 metros establecida de forma definitiva por el Ministerio de Transición Ecológica. La primera pasa por continuar con la batalla judicial de impugnaciones, hojas de aprecio y recursos que de poco les ha servido durante las tres décadas que han pasado desde que el Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife de 1991 clasificó como sistema general de uso público el islote. La segunda pasa por entender que, salvo con una negociación, poco o nada van a rascar por una de las piezas de suelo más importantes del litoral de Arrecife.

En la zona de servidumbre de protección de 100 metros están prohibidas “las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras”, que era uno de los grandes objetivos de los propietarios en el nuevo Plan General de Arrecife. Solo un acuerdo del Consejo de Ministros podría “excepcionalmente, y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas”, autorizar ese tipo de instalaciones en el islote. Los propietarios se enfrentan ahora a la realidad de que solo se permitirán en el Francés instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. La legislación de Costas cita establecimientos de cultivo marino, salinas o instalaciones deportivas descubiertas, pero no parece que esos usos estén entre sus prioridades.

Cuando Ana María Oñoro, la directora general de la Costa y el Mar, firmó el pasado 15 de septiembre la Orden Ministerial que aprobó el nuevo deslinde del islote, objeto de una burbuja urbanística durante años, su valor real cayó en picado. Los propietarios llegaron a reclamar más de 210 millones de euros, una cifra astronómica que no casa ni con el valor del mercado ni con lo que se pagó por su adquisición. En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2005, que rechazó una reclamación económica de los propietarios, se refleja que el valor catastral era de 436 millones de las antiguas pesetas y que el precio de compra de la empresa propietaria –Inversiones Islotes del Francés- había sido de 400 millones de pesetas, en agosto de 1997. Al cambio, unos 2,4 millones de euros. Incluso con el incremento del IPC hasta la actualidad –algo más de un 63 por ciento-, el valor de compra actualizado a día de hoy sería de unos 3,9 millones de euros.

Los propietarios llegaron a reclamar más de 210 millones de euros, una cifra astronómica que no casa ni con el valor del mercado ni con lo que se pagó por su adquisición

Probablemente, tras la Orden Ministerial sobre el Islote del Francés, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Nacional, a los propietarios les compense más que nunca la fórmula recogida en el Plan General vigente (34.000 metros en La Bufona y 44.450 en Naos), que hasta ahora han rechazado, cuando la cara visible era el fallecido Jaime Cortezo. Es cierto que la pieza de Naos no tiene un sencillo desarrollo urbanístico, por la presencia de salinas protegidas en el Plan Insular. Aunque se compensara todo el Islote del Francés en La Bufona, para dejarlo de uso público para la ciudad, el valor de mercado del suelo en esa urbanización, en la que los promotores ya están tramitando un plan parcial, fluctuaría entre los 3,3 millones y los 7,9 millones de euros. El coste realista de una expropiación del Francés, otra opción posible, teniendo en cuenta su anterior uso industrial en suelo de reserva urbana, se movería en cantidades similares.

Al Ayuntamiento de Arrecife se le abre una oportunidad histórica para hacer efectivos los deseos de hace más de 30 años de que el Francés se convierta en suelo público. Ideas puede haber muchas, pero el minimalismo en las intervenciones sería más que suficiente: recuperar la antigua nave que Patrimonio salvó del derribo, restaurar las salinas, establecer una mínima red de senderos y abrir la ciudad al mar por su terraza más privilegiada. Los propietarios tienen ante sí la opción de dejar de perder el tiempo y obtener algo a cambio. El instrumento es el convenio urbanístico y el momento es ahora, que está a punto de salir el Plan General.