BLOG EL PASEO
Por Saúl García
Ni el propio Pedro San Ginés, con su habitual verborrea y desparpajo se hubiera atrevido a dibujarse como un Robin Hood, pero tiene razón en una parte su abogado. Los propietarios de Club Lanzarote son empresarios poderosos y con capacidad de influencia. No son ejemplo de nada
“Esto es el mundo al revés”, dijo el abogado de Pedro San Ginés en las conclusiones del juicio de la desaladora. Se refería a que la Fiscalía no acusa y a que la acusación popular defiende los derechos de un gran empresario.
Pues sí, parece extraño.
Hizo otra afirmación y una pregunta lanzada al aire. Dijo que su defendido, en el fondo, lo que hizo fue enfrentarse a empresarios con poder y capacidad de influencia y se preguntó cuál es el beneficio de San Ginés al incautar la desaladora.
Ni el propio San Ginés, con su habitual verborrea y desparpajo se hubiera atrevido a dibujarse como un Robin Hood, pero tiene razón en una parte el abogado. Los propietarios de Club Lanzarote son empresarios poderosos y con capacidad de influencia. No son ejemplo de nada. Llevan más de cuarenta años sin terminar el plan parcial y pidieron indemnizaciones millonarias a la Administración. En Montaña Roja no les salió bien. Pedían 214 millones y los tribunales les otorgaron 6,7 millones. Por Montaña Rayada, en Fuerteventura, consiguieron 33 millones sin mover una piedra. No se diferencian mucho del resto de especuladores, sean amigos o enemigos de San Ginés.
Habrá que centrarse en la pregunta: ¿Cuál es el beneficio de San Ginés al incautar la planta? Seguro que su cliente se la puede responder mejor, pero hagamos un esfuerzo.
Supongamos que sean ciertos los indicios de que se pudo favorecer a Canal Gestión para que se adjudicara el ciclo integral del agua. La incautación sería un último favor a la empresa para que ganara 6.000 clientes. Esa es la tesis de la acusación.
Resulta que hay otras cincuenta desaladoras, aproximadamente, que operan sin autorización en vigor y que no deberían funcionar porque la condición para su existencia era que podían hacerlo si no llegaba la red pública, y la red llegaba a todos los rincones. Que Montaña Roja vendiera a terceros era solo un grado más, pero el resto eran igual de ilegales. Por otra parte, la justificación de que se actuó así obligado por las advertencias del Diputado del Común dejaría a esta institución como la más poderosa de Canarias si todas las administraciones le hicieran la mitad del caso que le hizo el expresidente del Cabildo. Un detalle muy pequeño para una decisión tan grande.
El mundo al revés... Que la Fiscalía no acuse, habría que preguntárselo a la Fiscalía, pero el papel de la acusación fue claro. Se personó para que no pasara lo que finalmente pasó.
Los empresarios le pusieron una denuncia por la vía penal a San Ginés y este, gracias a que era presidente del Cabildo, tenía a su alcance recursos públicos en forma de expedientes, sanciones y funcionarios para desactivar esa acusación y lograr un acuerdo. Eso es lo que pasó. Y para evitar el cambalache con esos recursos, que muy probablemente no se hubieran utilizado sin la amenaza de una condena que se asume personalmente, está la acusación popular.
Lo que sí que es el mundo al revés, y desde hace años, es que una empresa pública de Madrid tenga interés en el agua de Lanzarote pero no se presente al concurso y aparezca después como la salvadora ofreciendo el doble de lo que se pedía. Y lo peor: que no mejore nada. Eso sí que es el mundo al revés.
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