El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha catalogado el acuerdo extrajudicial por el que el Gobierno de Canarias indemnizará en 485 millones de euros a una treintena de empresas afectadas por la moratoria turística como "el menos lesivo" posible.

Lo ha hecho en el pleno del Parlamento autonómico a instancias de la diputada socialista Nayra Alemán, quien le ha preguntado si "no le chirría que el interés de los promotores cuadre al céntimo con el interés general de los canarios", así como "qué obtiene Canarias a cambio".

Miranda ha indicado que el Gobierno de Canarias se marcó dos objetivos para alcanzar dicho acuerdo extrajudicial: que fuera "lo menos lesivo económicamente" para las arcas públicas y que contara con el aval del tribunal que resolvió sobre esta cuestión.

Ha abundado en que el criterio empleado para determinar la cuantía de las indemnizaciones ha sido el mismo que ha empleado el Tribunal Superior de Canarias: el valor de los aprovechamientos ha funcionado "como base de cálculo y no como resultado".

Es decir, que no se indemniza el valor íntegro de los derechos edificatorios sino en base a la rentabilidad hipotética que se habría podido obtener durante el periodo que permaneció congelado.

También ha aclarado, ante las dudas expresadas por Alemán (PSOE) de que pese a ser indemnizados, los propietarios mantienen la opción de hacer aprovechamientos turísticos en terrenos afectados por la moratoria, que en el acuerdo se ha incluido que no se reclasificarán los mismos.

Con lo cual, ha remachado el consejero, se ha conseguido evitar que este problema se prolongase 10, 15 años más, y el importe a abonar fuera "mucho mayor".