Funcionarios habilitados de Canarias se han sumado a la protesta a escala nacional contra la medida del Gobierno de España de “estabilización de empleo temporal” para los puestos de secretario, interventor y tesorero de las corporaciones locales.

La nueva ley que regula el estatuto básico del empleado público incluye “medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleado público” y contempla la posibilidad de que se consoliden como secretarios, interventores y tesoreros aquellos trabajadores que cubren esas funciones de forma accidental sin haber pasado por una oposición.

El colectivo de funcionarios habilitados nacionales ha convocado una manifestación este martes en Madrid y ha avanzado su intención de impugnar la oferta pública de empleo para 2022 aprobada por el Gobierno central, así como las ofertas de empleo público para la “estabilización” del personal funcionario de las administraciones locales.

En un comunicado remitido a este periódico, destacan que las funciones reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional “son básicas para el funcionamiento de las corporaciones locales”, en referencia a los puestos de secretario, interventor y tesorero.

En ese sentido, reclaman que “estas funciones se sigan desarrollando por personal especialmente habilitado para ello, estableciéndose con carácter residual el uso de los nombramientos accidentales e interinos”.

Con la nueva medida legislativa aprobada el pasado mes de diciembre, un secretario, interventor o tesorero que ejerza sus funciones de forma accidental podría consolidar la plaza sin haber pasado previamente por una oposición, considerada de las más duras para acceder a un puesto en la administración pública.

Por ello, el colectivo de funcionarios habilitados resalta que debido a la “especial cualificación y formación requerida”, esos puestos de trabajo citados “no sean susceptibles de ser incluidos en los procesos de estabilización en el empleo público”.

A su juicio, “constituiría una clara vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”. “La única vía de acceso tiene que ser a través de los mecanismos previstos en nuestro régimen específico, que garantiza el grado de capacitación y profesionalización necesario”, destacan los funcionarios.

Falta de habilitados

El colectivo es consciente de la falta de funcionarios habilitados nacionales “en un gran número de municipios, especialmente en los de menor población”. Esta situación consideran que es “consecuencia directa de una política de empleo y de planificación manifiestamente ineficiente por parte del Estado” y, “en menor medida, de las comunidades autónomas”.

Sin embargo, estabilizar en los puestos de secretaría, intervención y tesorería a personal sin oposición, acarreará más consecuencias negativas que positivas, en opinión de los funcionarios habilitados. Por un lado, “desmotivando” a los que ya son funcionarios habilitados y, a su vez, a los opositores.

Así, en contraposición a las “duras exigencias” para la promoción interna dentro del cuerpo de funcionarios habilitados nacionales, “ahora el Estado intenta estabilizar a un personal que ni ha aprobado unas oposiciones tan exigentes, ni ha superado el curso selectivo”, critican.

Además, fuentes del colectivo de funcionarios explican a este periódico que la estabilización de la plaza no estaría vinculada a una institución local determinada, por lo que un trabajador al que se le consolida el puesto luego podría pedir el traslado, lo que choca con la supuesta intención de evitar la falta de funcionarios en los ayuntamientos de menor población.

“Total oposición”

Los funcionarios habilitados nacionales reiteran su “total oposición” a que se aplique a su colectivo el proceso de estabilización del empleo temporal previsto en la ley para reducir la temporalidad en las instituciones públicas y recuerdan que la normativa ya contempla una serie de opciones ante la existencia de vacantes.

Así, cuando no se cubre un puesto se puede acudir a un “nombramiento provisional”, a la “comisión de servicios” desde otra institución pública o a la “acumulación”, mediante la que un mismo funcionario trabaja en más de una corporación local. Otra opción es acudir a la figura del nombramiento accidental o interino, concluyen.