Un informe del grupo de investigación de la Guardia Civil ha localizado que, antes y después del colapso en septiembre de 2020 de la empresa de criptomonedas Arbistar, radicada en el sur de Tenerife, se produjeron cuantiosos movimientos de bitcoins mediante sistemas destinados a dificultar el origen del dinero.

En concreto, se detectaron “envíos masivos” de criptomonedas a personas del entorno de Arbistar, sin arbitraje ni un patrón común, hechos que la Fiscalía atribuye a los tres fundadores de la compañía, con Santiago Fuente Jover a la cabeza.

Los cálculos de la Guardia Civil apuntan a que, en la fecha del desplome, fueron derivados a otras billeteras 881 bitcoins, que pocos meses más tarde alcanzaron un valor de 32,5 millones de euros, según un auto de la Audiencia Nacional recientemente emitido.

Una vez trascendió la debacle de la empresa, entre enero y marzo de 2021, en las billeteras de los imputados se localizaron movimientos de entrada y salida de más de 20.000 bitcoins, equivalentes entonces a 710 millones de euros.

La trama Arbistar está considerada una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas en España.

Según la investigación, llegó a defraudar más de 200 millones de euros y afectó a unas 32.000 personas entre mayo de 2019 y septiembre de 2020.

Tras la causa penal por estafa, organización criminal y falsificación de documentos, los dos principales responsables de la compañía fueron condenados a 16 y 11 años de cárcel, mientras que ahora se ha abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales.

En fechas cercanas a aquellas en las que la empresa empezó a informar a los inversores de problemas de liquidez para afrontar pagos, se utilizó el denominado servicio “mixing”, empleado para anonimizar y dificultar el rastreo de la procedencia de los fondos.

Pese a ello, se identificó que algunas de las personas beneficiadas eran familiares de los administradores. Cuatro permanecen investigados, mientras que otras ocho no han podido ser identificadas.

En abril pasado, la Audiencia Nacional acordó abrir una pieza separada de investigación por un posible delito de blanqueo de capitales, después de que los dos principales responsables de la compañía hubieran sido condenados.

El nuevo procedimiento se inició a partir de un informe de la Guardia Civil sobre las transacciones de criptomonedas, solicitado por la Policía Judicial de Tenerife, y de otro elaborado por el grupo de ciberinteligencia criminal sobre el funcionamiento de los “Community Bot”.

En aquel auto se incluyó a cuatro nuevos investigados, que habían quedado absueltos en la pieza principal por estafa, así como la apertura de otra pieza de responsabilidad civil contra un exdirectivo.

El recurso actual ha sido presentado por uno de los condenados a 11 años de prisión por estafa, que alega indefensión, incumplimiento de plazos y supuestas irregularidades.

La Fiscalía pidió desestimar el recurso al considerar que el auto original no incluía las transferencias a favor del Club Arbistar, en las que aparecen varios investigados y que fueron realizadas antes y después del colapso.

El recurrente también se opuso a la petición de la Fiscalía de ampliar el ámbito de investigación e imputar a más personas, al considerar que únicamente se buscaba incrementar su implicación en el procedimiento.

Según el auto, este investigado, junto con Fuente Jover y otras dos personas, realizó transferencias de importantes cantidades de criptomonedas a favor de los nuevos imputados.

En marzo, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la Fiscalía de ampliar la lista de encausados, decisión que ahora queda anulada al entender el tribunal que no puede suponer una “garantía de impunidad” para los posibles responsables de la trama.