No se puede decir que sea una gran sorpresa. Para evitar los derribos en Lanzarote, el Gobierno de Canarias hizo un esfuerzo legislativo, mientras que el resto tan solo hizo dejación de funciones. El Hotel Son Bou y el Papagayo Arena llevan años en un callejón sin salida y así seguirán. Pero al menos no hubo declaraciones tan claras de desprecio a la legalidad.

El caso del Tres Islas en las Dunas de Corralejo es para nota. Hay que recordar que está en dominio público y que el objetivo debe ser la recuperación de ese hábitat y no insistir en su privatización. El Ministerio acaba de ordenar la caducidad de la concesión y abre la puerta al derribo.

No es una decisión caprichosa. Es la empresa RIU la que ha incumplido las condiciones. La concesión no le permitía aumentar el volumen del hotel y lo hizo. Costas abrió un expediente, le ordenó el derribo de lo que construyó de más y no lo hizo. No solo eso. Hizo nuevas instalaciones sin permiso y “vierte el agua residual en bruto directamente al mar” a través de un emisario submarino.

Pues ante esta situación, salvo honrosas excepciones, los partidos políticos están escandalizados. Pero con el Ministerio. El presidente del Gobierno de Canarias pide calma y dice que el hotel va a seguir ahí. Y resulta que el debate se centra en que Canarias debe tener las competencias en Costas para resolver este expediente y empezar de cero.

No hay menciones a la actitud de la empresa y se usa el mantenimiento del empleo como excusa. No se habla de interés general, ni de medio ambiente ni de legalidad. Se intenta hacer ver que es un problema de competencias y que cuando Canarias las tenga, las cosas serán distintas. Para esto quieren las competencias.

Durante años se criticó, y con razón, a líderes insulares y municipales porque trataban la institución o el territorio donde gobernaban como su cortijo particular. Parece que las cosas han cambiado bastante. Ahora se conforman con ser medianeros.