La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) alerta de una “situación de extrema gravedad” que afecta a la correcta gestión del amianto y otros residuos peligrosos en Canarias, y que puede tener consecuencias directas sobre la salud pública, el medio ambiente, la obra pública, el abastecimiento de agua y el despliegue de energías renovables en las Islas.

FEMEPA explica en nota de prensa que el origen del problema se encuentra en la Ley 3/2023, de Economía Circular de Andalucía, que introduce una prohibición general de entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de esa comunidad cuando su destino final sea la eliminación en vertedero, en aplicación del denominado principio de autosuficiencia. Entre los residuos afectados se encuentra el amianto en todas sus formas, así como tierras y materiales contaminados.

Desde FEMEPA se subraya que esta problemática no afecta únicamente al sector de la fontanería, tradicionalmente vinculado a la retirada de antiguas tuberías de fibrocemento, sino que tiene un alcance transversal que compromete la retirada de amianto en cubiertas y superficies susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas, “poniendo en riesgo objetivos de transición energética2.

Afecta también a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, muchas de ellas con materiales antiguos que requieren sustitución; a actuaciones en viviendas, edificios públicos, centros educativos, sanitarios e infraestructuras industriales; y obras de rehabilitación, mantenimiento y modernización imprescindibles para la seguridad y sostenibilidad del territorio.

“Canarias depende actualmente de infraestructuras de eliminación ubicadas fuera del Archipiélago, siendo Andalucía uno de los principales destinos autorizados. Aunque los gestores canarios disponen de notificaciones de traslado vigentes hasta marzo de 2026, a partir de esa fecha no existe a día de hoy una alternativa técnica ni jurídica viable, lo que podría bloquear completamente la gestión de estos residuos”, explica la federación.

Riesgo sanitario

FEMEPA advierte de que la imposibilidad de retirar y eliminar correctamente el amianto no es solo un problema administrativo o empresarial, sino “un riesgo directo para la salud pública”, dado el carácter altamente peligroso de este material.

Asimismo, campañas públicas de retirada de amianto en viviendas, como las impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria, podrían verse seriamente comprometidas si no se garantiza una solución estable para el tratamiento final de los residuos generados.

“La retirada segura del amianto es una obligación legal y sanitaria. Si se cierran las vías de eliminación sin ofrecer alternativas específicas para territorios como Canarias, se pone en riesgo el cumplimiento de la normativa, la seguridad de las personas y la continuidad de proyectos estratégicos”, señalan desde FEMEPA.

Canarias, territorio con condiciones singulares

La Federación recuerda que Canarias no puede ser tratada como un territorio continental, debido a su condición de archipiélago, su fragmentación territorial y la limitada disponibilidad de infraestructuras propias para la gestión de residuos peligrosos.

Además, FEMEPA alerta de que “otras comunidades autónomas están estudiando la adopción de normativas similares, lo que podría agravar aún más la situación a corto plazo si no se actúa de manera anticipada”.

Llamamiento institucional

En este contexto, FEMEPA ha remitido un escrito formal a las principales instituciones competentes, entre ellas la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, las Consejerías de Transición Ecológica y Sanidad, el Cabildo de Gran Canaria, así como a entidades públicas y mixtas vinculadas a la gestión del agua y las infraestructuras, con el objetivo de activar una respuesta coordinada y urgente.

La Federación reclama en nota de prensa que el Gobierno de Canarias lidere una negociación inmediata con otras comunidades autónomas, especialmente Andalucía; que se defienda la excepcionalidad territorial de Canarias en los órganos interterritoriales de residuos; y que se impulsen soluciones estructurales y estables, ya sea mediante acuerdos externos específicos o mediante el desarrollo de capacidades propias, siempre bajo criterios de seguridad y sostenibilidad.

FEMEPA insiste en que “el tiempo es un factor crítico y que no actuar ahora supondría una paralización progresiva de obras, infraestructuras esenciales y proyectos estratégicos para Canarias, con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran alcance”.