Los juzgados de lo Mercantil de Canarias registraron durante el tercer trimestre de 2024 la tasa más alta del país, junto a Murcia, en concursos de personas naturales no empresarias ­ es decir, de ciudadanos de a pie, no personas jurídicas-: 33,2 procesos por cada 100.000 habitantes. La segunda tasa más alta fue la de Cataluña (31) y la tercera, las de la Comunidad Valenciana (27,2). La tasa más baja en el periodo analizado fue la de el País Vasco (8.2). La media nacional fue de 22,2, once puntos por debajo de la isleña.

La sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo hoy públicos los datos del tercer trimestre de 2024 sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. Las estadísticas evidencian que, además de ser el territorio con la mayor tasa de quiebras -así se denominaban antes de la ley concursal- entre los ciudadanos de a pie, la comunidad canaria fue entre julio y septiembre de este año la que tuvo la mayor tasa de procedimientos judiciales por despido: 115,6 por cada 100.000 habitantes, 16,6 puntos por encima de la segunda (Comunidad Valenciana, 99) y 36,6 puntos por encima de la media nacional (79).

En cifras globales, el número de concursos de personas naturales no empresarias registrado en el tercer trimestre de 2024 en Canarias fue 745, un 44,1% más que en el mismo periodo de 2023 (517). Por su parte, el número de procesos por despido fue en las Islas de 2.597, un 4,4% más que en el tercer trimestre de 2023 (2.488).

En lo que se refiere a los lanzamientos hipotecarios (ejecución forzosa de la resolución que dictamina el desahucio o la entrega de bien inmueble por impago del crédito bancario), las Islas computaron entre julio y septiembre 225 procedimientos, un 94% mas que en el mismo periodo de 2023. La tasa por cada 100.000 habitantes fue de 10, en la franja media del ranking nacional, y 1,9 puntos por debajo de la media del país (11,9). La tasa más alta en este ámbito fue la de la Región de Murcia (18,7), y la más baja, la de Navarra (2,9).

En cuanto a lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -esto es, desahucios por impago de alquiler- el decremento en la Islas fue del 10,2%; de 295 casos en el tercer trimestre de 2023 a 265 en el pasado verano. Siempre según las estadísticas judiciales, Canarias fue en el periodo de estudio la comunidad con la tercera tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes: 11,8, cifra sólo superada por Baleares (14,8) y Cataluña (12,8). Extremadura registró la tasa más baja del país en este concepto: 3,1. La media nacional fue de 8,2.

Los registros que aluden a la totalidad de los lanzamientos (por ejecución hipotecaria, incumplimiento de la LAU u otros) apuntan que en las Islas se pasó de 358 casos en el verano de 2023 a 338 en el de este año, lo que implica una bajada del 5,6%. La tasa de lanzamientos totales de Canarias fue también la cuarta más alta del país: 20 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las cifras de los concursos no referidos sólo a ciudadanos de a pie, el número total de incoación de estos procedimientos (concursos de personas jurídicas, concursos de personales naturales empresarios, concursos de personas naturales no empresarias y concursos consecutivos) fue de 769, un 42,7% más que en el verano de 2023 (539). Los de personas jurídicas crecieron un 21,1% (de 19 en el tercer trimestre de 2023 a 23 en mismo periodo de este año), y los de personas naturales empresarias decrecieron un 66,7%, de ocho en el verano de 2023 a 1 en la de 2024.

De otro lado, los procedimientos judiciales monitorios (reclamaciones de deudas en los juzgados civiles) experimentaron el pasado verano en las Islas un incremento del 6,6% en comparación con el mismo periodo de 2023, de 15.701 a 16.732. La tasa de monitorios por cada 100.000 habitantes de Canarias fue en el periodo analizado la más alta del país; 744,9 casos, muy por encima de la segunda, Madrid (638,3). La media nacional fue de 499,4.

Finalmente, los denominados juicios “verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas” o casos de okupas fueron un total de 25 en el pasado verano en Canarias, la misma cifra que en el verano anterior.