El Comisionado de Transparencia de Canarias recibió el pasado año 644 reclamaciones para hacer cumplir el derecho de acceso a la información, un 11,61 por ciento más que en 2022, según ha informado este miércoles el responsable de este órgano parlamentario, Daniel Cerdán.

En rueda de prensa, Cerdán ha presentado el informe anual de Transparencia 2022-2023, y ha explicado que, por segundo año consecutivo, Canarias es la comunidad autónoma con mayor ratio de reclamaciones por ciudadano en proporción a su población, y ha destacado que en los últimos dos años han conseguido que aumente el nivel de cumplimiento de sus resoluciones “que son casi microsentencias”.

Aunque el Comisionado es un órgano con “un equipo muy pequeño que puede llegar a estar muy saturado”, en los últimos años, desde 2015, gracias a que la institución se ha promocionado, se han resuelto casi 3.000 resoluciones desde que se inició la actividad del órgano, pasando de las 18 que se recibieron en 2015 a las 644 en 2023. En total, el número de expedientes desde 2015 asciende a 10.578.

Cerdán también ha destacado que las evaluaciones de los portales de transparencia de las instituciones canarias y las empresas privadas alcanzó en 2022 las 3.161, y ha destacado que las principiles administraciones, como Gobierno canario, cabildos, ayuntamientos y universidades, han experimentado un ascenso lineal en sus notas, alcanzando todas prácticamente el sobresaliente de media.

Para Cerdán, los datos demuestran que la evaluación es una medida que anima, emplaza y obliga a los entes públicos a mejorar sus portales para no tener que soportar la crítica ciudadana o periodística.

“Hemos acabado siendo un órgano relativamente más conocido para el conocimiento del ciudadano, con visibilidad, probablemente por las dos campañas publicitarias que hemos hecho y porque, a medida que la gente obtiene satisfacción con sus reclamaciones también tiene un efecto positivo”, ha opinado Cerdán, que ha cifrado el nivel de cumplimiento de las resoluciones del Comisionado en el sector público canario en el 86 por ciento en 2023, del 98 por ciento en 2022 y del 96 por ciento en 2021.

También ha resaltado que existe un temor al coste reputacional por no responder a las peticiones de transparencia y que, por ello, las administraciones suelen cumplir en plazo.

Asimismo, Cerdán se ha mostrado favorable en que, a través del desarrollo de una ley para el Comisionado de Transparencia, se estudie la posibilidad de imponer multas a quienes incumplan con su obligación de transparencia, “algo que solo pasa en Navarra”.

“Hay una coincidencia en el mundo académico de que era saludable esa medida no por ganas de poner multas, sino simplemente porque la gente sepa que si incumplimos ciertos códigos nos pueden multar. Hay comunidades con unos incumplimientos del 30 por ciento”, ha apostillado el comisionado.

Ha dicho asimismo que en los próximos días entregarán un borrador de ley a los portavoces de los grupos parlamentarios para que determinen ellos si es el momento de acometer la ley del comisionado de Transparencia en canarias que mandata el artículo 60 del Estatuto de Autonomía y sugerirán que de alguna forma se incluya un instrumento “como el de Navarra”, con multas, porque es un mecanismo “mucho más efectivo que un proceso sancionador que se alargue”.

Cerdán ha comentado que a veces las reclamaciones por incumplimientos del derecho a la transparencia suelen tener que ver con ciudadanos concretos muy activos o sindicatos, como sucede en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana o en el Servicio Canario de la Salud, donde un funcionario ha presentado hasta más de 300 reclamaciones, “y está en su derecho”.

Ha apuntado además que los funcionarios suelen ser activos a la hora de preguntar por ejemplo, por criterios de selección en procedimientos públicos, exámenes o plazas.