Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, con la colaboración de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Las Palmas, han desarrollado una investigación que ha permitido desarticular un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica.

La investigación se inició a finales del año 2025, cuando diversas informaciones apuntaban a la existencia de un establecimiento ubicado en una céntrica calle de la capital grancanaria donde presuntamente se estaría distribuyendo marihuana, hachís y otros derivados del cannabis, que generaba preocupación y malestar entre los vecinos.

Se estableció un marco de colaboración entre la Policía Nacional y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, con el objetivo de desarticular la estructura de almacenamiento y distribución de droga, así como investigar los beneficios económicos derivados de la actividad ilícita.

Se conformaron equipos mixtos de investigación, desarrollando de forma paralela un análisis patrimonial orientado a detectar el posible blanqueo de capitales mediante empresas aparentemente legales utilizadas para introducir en el circuito económico los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Como resultado de la investigación, en febrero de 2026 se llevó a cabo un operativo policial que incluyó dos entradas y registros, uno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y otro en el municipio de Arucas, que se saldo con la detención de cuatro personas.

Durante los registros practicados, los agentes intervinieron: 9,1 kilogramos de marihuana, 1,2 kilogramos de hachís, 248 cigarrillos de marihuana, 1.018 botes de aceite de hachís, 110 vaporizadores de marihuana, más de 13.000 euros en efectivo, además de diversa documentación relacionada con empresas presuntamente utilizadas para canalizar los beneficios ilícitos.

En el marco de la investigación patrimonial se procedió además al bloqueo de las cuentas corrientes de los responsables y al embargo de cinco vehículos de su titularidad.

Finalmente, y a solicitud de los investigadores, se decretó el precinto judicial del local investigado, que continuaba en funcionamiento a pesar de actuaciones policiales anteriores.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos.