La Fiscalía General del Estado defiende el protocolo que utiliza para prevenir posibles casos de tráfico de menores con los niños que llegan en las pateras, pero reconoce que "la desmesurada presión migratoria" que sufre Canarias está provocando retrasos en las pruebas de ADN y ofrece al Gobierno autonómico impulsar los reagrupamientos familiares.

En un comunicado, la Fiscalía sale al paso así de las quejas expresadas por varias mujeres inmigrantes llegadas en las últimas semanas a Canarias y a las que les han retirado los niños hasta que una prueba de ADN acredite su parentesco, en una separación que para algunas de ellas se prolonga ya cerca de dos meses.

Sus protestas han sido respaldadas expresamente por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, cuya titular, Iratxe Serrano, ha defendido este miércoles en el Parlamento autonómico que ese protocolo vulnera los derechos del niño al que separan de su madre o de su padre.

El Ministerio Público explica el sentido de ese procedimiento: desde finales de 2019, dice, se ha detectado "un número alarmante de casos" en los que una mujer llegada irregularmente a España ha desaparecido con el niño que decía que era su hijo, un parentesco que más tarde desmentían los análisis genéticos.

Se trata, añade, del fenómeno conocido como los 'niños ancla' (pequeños utilizados como pantalla para evitar la expulsión del adulto que llega irregularmente con él), por lo que "urgía proteger a los menores del riesgo de ser objeto de utilización para otros fines, o incluso para favorecer situaciones de trata".

La Fiscalía General del Estado precisa que ese protocolo de actuación tiene vocación "temporal", con vigencia hasta que se "descarte la existencia de riesgos graves para los menores que pudieran llegar en las mismas condiciones".

"La desmesurada presión migratoria sufrida específicamente en el ámbito de la Fiscalía Provincial de Las Palmas -el flujo de pateras está en niveles desconocidos desde hace 12 años, con particular incidencia en Gran Canaria y Fuerteventura- ha dado lugar a que la notificación de los resultados de las pruebas de ADN que se llevan a cabo por parte de la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía sufran grandes retrasos", admite.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado sostiene que las órdenes libradas por la Fiscalía de Las Palmas "únicamente implican la puesta de los menores, a excepción de los lactantes, a disposición de los centros de protección de menores dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, ante la situación de riesgo y posible desamparo de los mismos".

De forma que compete a esa Dirección General, precisa, "valorar la conveniencia de mantener la situación de separación, o la de acordar, en cualquier momento, la reagrupación familiar si lo considera procedente", bajo la supervisión de la Fiscalía, que puede "controlar" sus actos o recurrir ante los tribunales sus decisiones.

"Para paliar en la medida de lo posible esta situación, y puesto que se mantenían los contactos de los menores con las personas que afirmaban tener con ellos vínculo familiar, la Fiscalía propuso en reunión mantenida el 5 de octubre (...) que los técnicos de los centros de protección, en función de lo percibido en tales contactos con los menores, emitieran informe respecto de la situación detectada, de forma que la Dirección General, en el ejercicio de sus competencias, pudiera acordar la reagrupación familiar si así lo estimara procedente", agrega.

Y anuncia que está valorando "diariamente" la situación y revisará sus criterios "una vez haya constatado la desaparición del riesgo que motivó su decisión".

Asimismo, sugiere que "se procuren espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores mantengan la situación de convivencia, priorizando, como no puede ser de otra manera, el interés superior del menor".