Los empresarios del transporte de mercancías en Canarias han acordado un paro indefinido a partir del 28 de noviembre, dos semanas después del convocado en el resto de España, periodo en el que confían llegar a acuerdos sobre sus demandas, para lo que ya han sido convocados a una reunión con el consejero regional del área, Sebastián Franquis.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Sector de Mercancías (Asemtra) en Canarias y secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, José Ángel Hernández, ha informado a EFE de que el consejero ha convocado a los representantes del sector la próxima semana para abordar sus demandas y les ha transmitido la intención de prorrogar la bonificación fiscal del 99 por ciento del impuesto sobre carburantes, una de sus reclamaciones.

Hernández ha señalado que Franquis le ha trasladado en la mañana de este viernes su deseo de mantener una reunión con el sector y le ha adelantado que la prórroga de la bonificación se pretende incluir en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2023.

El paro indefinido convocado en Canarias, acordado de forma unánime en una asamblea celebrada la pasada noche por más de 110 representantes de Asemtra en las islas, afecta a 14.000 camiones de transporte público de mercancías, salvo a los de La Palma, que se ha querido dejar al margen ante los daños sufridos por la erupción volcánica.

Hernández ha explicado que el sector en las islas ha querido mantenerse al margen de la convocatoria de la plataforma nacional, ya que sus reclamaciones son específicas y de distinta índole por el hecho insular, y por no disponer de plazo para negociar, en caso de que comenzaran el próximo día 14.

Los transportistas canarios entendían que las dos semanas con que cuentan antes de iniciar su protesta, el 28 de noviembre, es un plazo razonable para que los responsables de las administraciones públicas puedan resolver sus demandas, ha recalcado Hernández, quien también ha advertido que la medida no afectará a servicios básicos y de seguridad.

Sus peticiones pasan por una modificación de la normativa estatal que regula el uso del tacógrafo, para que este cumpla solo la función de control horario de los trabajadores y se elimine en las islas las diseñadas para el transporte de larga distancia, una cuestión en la que esperan contar con el apoyo de los sindicatos, los cabildos y el Gobierno canario.

Del Gobierno Canario demandan también su apoyo para que traslade al Estado la necesidad de una moratoria temporal sobre los nuevos controles en el transporte frigorífico hasta que se disponga en las islas de instalaciones para esas inspecciones, ha señalado Hernández, quien se ha quejado de se trata de una "exigencia de imposible cumplimiento" en las islas.

Además, reclaman que la ayuda estatal de 20 céntimos por litro de combustible se mantenga el próximo año y que se lleven a cabo las inspecciones que competen a los cabildos sobre las nuevas medidas para la carga y descarga de mercancía y de precios, con el fin de asegurar su cumplimiento.

Los cabildos tienen delegadas las competencias en materia de transporte, ha recordado Hernández, quien también ha trasladado la queja del sector porque las sanciones son excesivas para la productividad que se genera en las islas y ha cifrado en unos 5 millones de euros la cantidad que recaudan al año por las multas.

Hernández ha manifestado que el sector confía en que la administración resuelva "en un corto espacio de tiempo" sus demandas, que responden a "deberes que ya tenía marcados y que no ha hecho".