Raquel se enteró de su desahucio porque la llamaron por teléfono desde la empresa de alarmas. Había instalado una en la casa, en Puerto del Carmen, porque alguien había intentado entrar unos meses antes.

El pasado 10 de diciembre, después de dejar a su hijo en el colegio, había salido a caminar por la playa y sonó el teléfono. Una persona había entrado en la vivienda. Cuando llegó, cuenta Raquel Curbelo, ya no pudo entrar porque habían cambiado la cerradura. Allí estaban la representante de una inmobiliaria y la Guardia Civil.

Raquel no sabía que se había fijado para ese día el lanzamiento de la vivienda. “No vino la propietaria, solo la Guardia Civil y la de la inmobiliaria”, señala. Uno de los agentes leyó el papel y dijo que estaba todo bien y que no tenía nada que hacer”, cuenta.

Después llegó su hermano y negoció con la inmobiliaria para que le dejaran sacar sus cosas. “Me dieron una hora para sacar todo”, dice.

Raquel vivía con su pareja en esa casa y con sus dos hijos, una hija de 20 y un niño de ocho años. Se separaron y firmaron un convenio regulador por el que él debía pagar la manutención del niño, el alquiler, la luz y el agua.

El pasado mayo un Juzgado determinó que tiene derecho a vivir en esa casa

Unos meses después, durante la pandemia, él quiso cambiar las condiciones. Se somete el convenio al Juzgado y le dan la razón a Raquel. En mayo de 2021, un Juzgado determina que tiene derecho a vivir en esa casa y a que abone el alquiler su expareja. Pero este se va al extranjero y deja de pagar.

Los primeros meses, Raquel desconoce que la casa no se está pagando. Después, se pone en contacto con ella el hijo de la propietaria, porque no localiza a su expareja, y ella le dice que tiene una sentencia favorable que le permite seguir viviendo ahí.

“Tienen cinco viviendas, no dependen de esta para vivir, y me contestó que, entonces, irían por las malas”, explica.

A partir de ahí, no sabe más, pero comienza a preparar la casa para irse. Pinta unas humedades que hay en la vivienda y pone un cartel en la puerta con su nombre, DNI y teléfono, encabezado por un ‘a quien interese’. El cartel se lo encuentra arrancado cuando ya habían cambiado la cerradura.

“Es que ya no puedo hacer nada –insiste-, a mí no me preguntaron, pero lo mínimo es avisar”. Raquel es camarera. Estuvo en ERTE y comenzó a trabajar en junio pasado, primero solo los fines de semana y después la jornada completa.

El alquiler es de 550 euros. “No puedo afrontar el precio que tienen los alquileres con el sueldo que tengo y dos hijos”, dice. Se ha tenido que mudar a casa de sus padres, que viven en Mácher.

“Hay que presionar para que se construyan viviendas sociales”, dice

Raquel dice que se estaba preparando para irse. “No quiero perjudicar a nadie”, añade, pero señala que, si no se ha ido es porque no ha encontrado una vivienda: “Quiero que se sepa esto, sobre todo porque no hay viviendas, no hay dónde ir”.

“Yo, al menos, puedo estar con mis padres, aunque no es lo ideal porque ellos tienen su vida y ahora están sobrecargados, pero seguro que hay mucha gente que no tiene otra alternativa o que se ve obligada a compartir vivienda con otras tres o cuatro familias”, dice.

“Hay que presionar para que se construyan viviendas sociales o para que se den facilidades para madres solteras, que sea más fácil conseguir un alquiler porque ahora no hay manera”, concluye.